El Comité de Participación Social pide no quitar atribuciones de autonomía a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y evitar una nueva estructura orgánica vertical, onerosa, ineficiente y cerrada a la participación de ciudadanos.
Esta mañana el Comité de Participación Social (CPS) entregó a través del Fiscal General, Gerardo Solís, y el titular de la Consejería Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, Adrián Talamantes, una solicitud dirigida al Gobernador con recomendaciones para solicitar el veto parcial a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General aprobada el pasado 4 de diciembre por el Congreso de Jalisco.
En el documento entregado también al presidente y al vocal de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco, Enrique Velázquez y Héctor Pizano, presentes en la reunión, el CPS recomendó mantener sin ningún cambio los artículos 22-A, 22-B y 22-C que regulan la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, fruto de las mesas interinstitucionales de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
El CPS señaló que desde su aprobación el 31 de octubre de 2017 esta reforma fue polémica por dos de los puntos suprimidos en la última reforma del 4 de diciembre:
El CPS solicitó también al Gobernador que emitiera observaciones hacia las disposiciones que pudieran impedir la implementación de los puntos mínimos de #FiscalíaQueSirvaJalisco. Los integrantes del Comité señalaron que estas observaciones, a través del veto parcial a los artículos 1, 2, 7 y 8, tendrían que buscar tres cosas:
De acuerdo con el artículo 33 de la Constitución de Jalisco, el Gobernador tiene la facultad de enviar sus observaciones a un proyecto de ley aprobado por el Congreso dentro de los 8 días posteriores a su aprobación. Tanto el Fiscal como el Consejero Jurídico se comprometieron a acompañar un proceso de reformas a la Fiscalía que pudiera realizarse de manera progresiva.
Los diputados Velázquez y Pizano, por su parte, se comprometieron a través de una reforma legislativa a regresar de inmediato las atribuciones de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción y a entregar una ruta que especifique los plazos para concretar el resto de las modificaciones a la ley para el adecuado funcionamiento de la Fiscalía General.
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