POSICIONAMIENTO DEL CPS Y ORGANIZACIONES CIVILES SOBRE LA DESIGNACIÓN

DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL CONGRESO DE JALISCO


Guadalajara, Jalisco, 4 de junio de 2021.


Una atribución de las asambleas legislativas es la designación de distintos cargos públicos. En nuestro país dicha facultad está establecida constitucionalmente en su carácter de poder público soberano. El Congreso de Jalisco tiene la potestad para designar al titular de la

Contraloría del propio Congreso, sin embargo, debe hacerlo respetando los requisitos que marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la convocatoria aprobada por las y los diputados el pasado 30 de abril.


El día de hoy, el Poder Legislativo en Jalisco nombró como titular de la Contraloría responsable de realizar el control interno del Poder Legislativo a una persona que no acreditó, con “constancias oficiales” como lo indica la base segunda inciso e) de la Convocatoria, la

experiencia de tres años en materia de auditoria o responsabilidades. Con ello, además se violenta el artículo 63, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.


Manifestamos nuestra inconformidad y desacuerdo con la indebida designación. La Contraloría del Congreso, como Órgano Interno de Control del Poder Legislativo, debe contar con autonomía técnica y de gestión para investigación y resolver los procedimientos de

responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Congreso del Estado, además de su intervención en proceso de compras, auditorias y en general de la correcta gestión de los recursos públicos del legislativo. El nombramiento aprobado hoy, no atiende a estas exigencias de integridad y rendición de cuentas.


Por si fuera poco, el perfil designado no acreditó una buena evaluación en comparación de otros perfiles, ni en la valoración desarrollada por el Congreso, ni tampoco en la opinión técnica elaborada por el CPS, por el contrario, obtuvo calificaciones por abajo de la media de las y los

demás aspirantes.


Jalisco es pionero en muchos ámbitos del desarrollo democrático y de la rendición de cuentas en el país. Actualmente, Jalisco cuenta con una de las leyes de transparencia y acceso a la información pública más exigentes del país y con uno de los sistemas estatales anticorrupción más vigorosos de la República. Paradójicamente, Jalisco es uno de los estados más rezagados en Estado de derecho, según diversos estudios e índices nacionales.


Por ello, una amplia coalición plural de actores locales impulsa una reforma al Sistema Estatal Anticorrupción (conocida como Reforma 2.0) que, después de dos años aún está en discusión en el Congreso. Dicha iniciativa legislativa contempla, entre otros aspectos, una “Ley de

Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera” que, de aprobarse, pondría a Jalisco a la vanguardia en temas como la correcta integración y nombramiento de los Órganos Internos de Control.


El CPS y las organizaciones civiles seguimos apostando a que prevalezca el mérito, la capacidad y la integridad en las designaciones públicas. No podemos permitir que lo que ocurrió el día de hoy en el Congreso sea la regla en próximas designaciones, sobre todo

tomando en consideración procesos anteriores igualmente cuestionados y evidenciados objetivamente en su falta de apego a la legalidad.


La LXII Legislatura debe rendir cuentas explicando cuales fueron las razones para elegir a una persona que no cumple con el requisito de elegibilidad de experiencia en auditoria y responsabilidades. Exigimos que las y los legisladores locales de Jalisco se apeguen a lo

dispuesto en la Constitución, las leyes y su propia convocatoria en todas las designaciones públicas.

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